Resumen: Impugna el actor la comunicación del Director del establecimiento penitenciario donde venia cumpliendo su condena la extinción de la relación laboral por fuerza mayor temporal , durante el disfrute del permiso ordinario y la correspondiente cuarentena. El demandante prestaba servicios en un taller penitenciario en el que cumplía condena. El demandante acciona por despido siendo desestimada su demanda, interpone recurso de Suplicación que se desestima. En primer lugar la Sala recuerda la Jurisprudencia sobre esta relación laboral especial de penados en instituciones penitenciarias recordando que el despido no figura entre las causas de extinción. Recuerda también la Sala que como consecuencia de la incidencia del COVID-19, en la institución penitenciaria se adoptaron una serie de medidas específicas como la concatenación sucesiva de varios permisos y el establecimiento de períodos de cuarentena obligatoria al regreso, y para los puestos de trabajo esenciales, como la cocina en la que prestaba servicios el actor. Se viene a señalar también por la Sala que la comunicación impugnada no es extinción sino de suspensión y que la misma lo es por unos hechos en concreto , debido a las medidas de seguridad por la situación de sanitaria debido a la pandemia por el Covid-19. y que en ningún caso la comunicación le habría causado indefensión habiendo podido ejercer sus derechos e impugnar la misma.
Resumen: La sentencia de instancia condenó al denunciado como autor de un delito leve de amenazas. Recurrió la defensa, alegando error en la apreciación de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia. Destaca la sala que, como órgano de apelación, debe constatar si en el caso planteado se cuenta con una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, de la que se infiera racionalmente la comisión del hecho delictivo y la participación del encausado, sin que el proceso valorativo para alcanzar tal convicción pueda ser calificado de ilógico, irrazonable o insuficiente. Y ello se confirma en este caso. Los hechos están probados con base en la declaración de la denunciante, apreciándose ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Afirmó que cuando ella salía de su domicilio el denunciado esgrimía un cuchillo detrás de ella en posición de clavárselo y no pasó nada gracias a la vecina que la recogió en el coche y se fueron a la Guardia Civil a poner la denuncia, lo que resulta corroborado por la testigo que vio que la denunciante estaba huyendo del denunciado y que este llevaba algo en la mano y le dijo que se subiera al coche. Por su parte, probados esos hechos, afirma la sala que el gesto de esgrimir un cuchillo es constitutivo del delito de amenazas leves del artículo 171-7 del Código Penal. Por ello, se confirma la sentencia apelada.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para reclamar el pago de indemnización por la suspensión de la prestación del servicio que había encargado a la demandante (mantenimiento de jardinería y del arbolado de los centros y cementerios de la demandante) a causa del decreto de estado de alarma por el COVID-19. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, reconoció el derecho de la demandante a ser indemnizada por la suspensión de los servicios contratados y condenó a la demandada al pago de la suma reclamada. El tribunal se funda en el derecho legalmente reconocido a la contratista para pedir indemnización por daños y perjuicios a la entidad adjudicadora por la suspensión del contrato, y rechaza la prescripción de la acción ejercitada que se regula en el mismo Real Decreto-ley que contempla el derecho del contratista a ser indemnizado por la suspensión del contrato: un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. En el caso concreto, aunque la empresa comenzó a prestar sus servicios no consta la notificación del alzamiento de la suspensión del contrato. Al respecto, precisa el tribunal que el contrato en cuestión se rige por las normas del derecho privado, por más que la adjudicante sea una empresa pública.
